sábado, 11 de septiembre de 2010

Anacronismos


Por lo general hemos sido mal entrenados. Los hacedores mediáticos celebraron la configuración de un conciente supeditado a premisas que se sustentan mediante la urdimbre de un repertorio de ideas inconexas y fuera de contexto. Se han encargado escrupulosamente de redefinir la noción de lo público con el propósito ulterior de demostrar las exultantes ventajas de los capitales privados invertidos, en especial en aquellos servicios o prestaciones de carácter insoslayable. Se inscribió una historia anacrónica y antojadiza en los moldes liberales de la profesión.

Paralelamente se desarrolló una realidad subterránea de la comunicación, de la relación entre los poderes fácticos y los poderes aparentes. Una partida de ajedrez predeterminada por la convergencia tecnológica cuyo resultado, se sabía, era inevitable no tanto por las negligencias de uno de los contrincantes sino por la dinámica propia del desarrollo de los dispositivos mediáticos. Pero no obstante, y sin ser ingenuos en la materia, la progresión tecnológica estuvo (y está) imbricada en una red de fenómenos sociales de los cuales no es posible sustraerse solo por acción del vértigo indolente de la abstracción. Cuando Carlos Saúl Menem se reprochó a sí mismo la expansión del Grupo Clarín el hipotético auditor de esa supuesta escena de comedia paradojal del neoliberalismo, podría preguntarse hasta donde la tensión entre la potencialidad tecnológica sobre la base de una empresa mediática con gran influencia como el diario Clarín y la pluralidad informativa hubiese podido ser reprimida en el contexto posterior a una dictadura legitimada por el discurso de ese mismo diario y cuya contraprestación fue la acumulación de posiciones ventajosas en el mercado y la prerrogativa de moldear los estilos y usos de la profesión periodística y la estética y ética en el consumo de la noticia. Diario que se había valido para afianzar su hegemonía de la usurpación al grupo Graiver de Papel Prensa mediante una transacción comercial ejercida a través de la coacción derivada en la desaparición y tortura del grupo familiar. Los diarios La Nacion y el mismo Clarín conformaron un hábito formador cultural discursivo grabado por el terror. Es por tanto imposible o potencial suponer otro contexto exterior a la revolución tecnológica de la era de la información en que Clarín se fortalece como grupo mediante la concesión otorgada por el menemismo de Canal 13, la explotación de Radio Mitre, por nombrar algunos de entre los mas de 200 medios que posee. ¿Había alguna posibilidad de regular ese proceso? ¿Se puede suponer siquiera un minúsculo grado de factibilidad en relación al proyecto de menguar la concentración resultante del uso primigenio de estas tecnologías, evitando de esa forma la conformación monolítica de posiciones dominantes en el mercado? Repito que son solo conjeturas.

La crónica subterránea de la relación entre los poderes mediáticos y la primera magistratura aportan claves para reconstruir esa historia. Durante la gestión de De la Rua, Gustavo López intentó poner a las prácticas administrativas del Comfer un cierto orden. Junto al titular de la SIGEN Rafael Bielsa y Manuel Garrido de la por entonces novel Oficina Anticorrupción se encaramaron en la investigación de los propietarios de los medios. Se concentraron en dos puntos trascendentes: el lavado de dinero y la evasión impositiva. Conviene remarcar el estupor que a ciertos espíritus les causa tamaña indagación, sobre todo en la tradición impoluta de los medios como agentes inmaculados de la información. La investigación de Bielsa arrojó que durante la gestión del Comfer de León Guinzburg, Ana Tezon y José Aiello en el periodo 1993- 1998 se había beneficiado con exenciones impositivas por un monto de 20 millones de pesos a los medios grandes de la Argentina. Los principales damnificados de la medida fueron VCC, Cablevisión, Multicanal, Canal trece, Telefé, Supercanal. Asimismo el interventor del Comfer José Aiello había otorgado licencias para explotar frecuencias de radiodifusión de manera irregular durante el último año de Menem a alguna radio aislada como favor político pero en especial a los propietarios de medios más poderosos.

El propio Magnetto, apremiado por la emisión de un decreto que llevara la firma de De la Rua que le adjudicara sin pasar por la licitación pertinente la licencia de canales del interior en los que el Grupo Clarín estaba particularmente interesado, obtuvo entrevistas privadas con el presidente quien simultáneamente rehuía a su propio funcionario al frente del comité de radiodifusión. La conformación minuciosa de los cánones culturales y una cierta noción instantánea y acelerada fundamentada por el espejismo ejecutor de los grandes estados fascistas y cierta izquierda aletargada en el tiempo sirvieron para ocultar el núcleo del poder real. Poder que siempre e inexorablemente estuvo ligado por alianzas y disputas con la primera magistratura. Aun así quedó claro que las confrontaciones entre el poder ejecutivo y el CEO de Clarín, por marcar un ejemplo caprichoso, constituían los movimientos de una partida de ajedrez cerrada donde las alianzas eran circunstanciales y la predominancia de Magnetto (y los demás en particular Telefónica, el consorcio Vigil Moneta, Vila y Manzano), la regla de ese vaivén. El diario Clarín no dudó en cercar a Menem a partir de las causas abiertas por el trafico de armas, el pago de sobresueldos una vez finalizado su mandato y sobre todo no dudo en acusarlo en relación a su postura doctrinaria cambiante que ahora sí le reprochaba sin hondura teórica la gestión de un modelo sostenido en base a la corrupción de los funcionarios públicos. Claro Clarín nunca hablo de los casos de corrupción en los que Tezon, Aiello, y Guinzburg, titulares del Comfer durante el menemismo, beneficiaron al grupo. Tampoco se cuestionaron públicamente el hecho de que varias de sus empresas estuvieran implicadas en la evasión fiscal. ¡Ellos! Los custodios de la moral, el reservorio ético desde el cual actuaba la fiscalía de los poderes públicos, como contralor de hecho de las instituciones democráticas que el ciudadano renueva tras un período de tiempo mientras que en el Grupo, y como una broma macabra, los trabajadores de prensa perdían toda injerencia en la correlación entre las autoridades patronales y los ciudadanos que trabajaban en sus filas. Se evaporaba toda injerencia sindical en esa relación asimétrica ya por naturaleza.
En esta postrera imagen aparece la escena de Guillermo Moreno en la última asamblea en Papel Prensa. Un poco para sumar algunos puntos a la idea de la democracia sindical, la presunta democracia privada y la ciudadana. El Grupo (y los estúpidos ciudadanos que construyen sus discursos a partir de sus crónicas) llama a Moreno patotero y lo acusa de impedir la votación en que los directores representantes de los tres diarios iban a aprobar la remoción de los representantes del estado nacional. La acción deliberada apuntaba a la continuidad del privilegio que habilita a Clarín y Nacion a ser jueces y parte sutilmente beneficiada en la provisión de papel para diario en detrimento de los miles de periódicos del país que en algunos casos compran el papel a mayor precio, deben importarlo o que no cuentan con la cesión de los cupos solicitados.

Que el Grupo Clarín sospechado de delitos de lesa humanidad de haber vejado a Lidia Papaleo, golpeándola y torturándola, hasta provocarle un tumor en la cabeza y la extirpación de un seno, pasando por el lúgubre tono de Magnetto amenazándola para que venda las acciones de la empresa por la vida de ella y su hija, acuse a Moreno, un hombre intachable sin una sola denuncia de corrupción, de violar la ley tras impedir una chicana empresarial, ilegítima de origen, causa carcajadas. Si nos remontamos al poder del Grupo como medio en situación dominante resulta aun más patético. No fue Moreno, ciertamente, el que apoyó a Videla, Masera y Agosti, la desaparición de personas, la tortura, el asesinato, la proscripción ciudadana de su ejercicio al sufragio sino Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Peralta Ramos. Moreno solo evitó la votación de inversores privados cuyo puesto y sueldo proceden de ese crimen y que nadie remueve, ni vota nunca, salvo en las reuniones de directorio que se realizan entre ellos y determinan el destino de una gran porción de la masa trabajadora de este país, periodistas y trabajadores de prensa que dependen de los insumos producidos por Papel Prensa. Moreno impidió la consumación de una nueva injusticia pergeñada por apátridas, cómplices y ejecutores de la tortura, la vejación y el asesinato de la ultima dictadura reforzada por la década neoliberal. La persistencia en el error formal de Moreno es la resultante de una historia fraudulenta desde el inicio que ante cualquier intento externo por torcerla o subsanarla los protagonistas apelan a las estrategias más vergonzantes y miserables. Y en buena medida Moreno está solo en esa pelea. El formalismo privado ha colonizado nuestras mentes y los fáciles cipayos no dudan en emitir apologías y ditirambos sobre él cada vez que pueden. En otras circunstancias, aunque improbables tal como se han dado las cosas, la ciudadanía, pero en particular el conjunto de los trabajadores de prensa, no toleraríamos la canallada crónica de estos tres hipócritas adalides de la libertad de empresa y Moreno tal vez no estaría solo. No habría necesidad de que un individuo, un Secretario de Comercio Interior, hubiese tenido que impedir un fraude amparado en la legalización (porque sí) de un delito por parte de un régimen de facto. El entramado de la sociedad civil a través de los múltiples canales de presión y de intervención ciudadana hubiese activado los mecanismos necesarios para confutar tamaña aberración. Para ello seguramente debería existir una cierta tendencia mayoritaria y no conductas guiadas por el resentimiento y la traición hacia la propia clase social, confundida, alienada y sobre todo proclive a cierta mezquindad.

La mala conciencia procedente, en algún caso, de una insuficiente formación y en otros de cierto rencor no exonerado, tiende a ocultar esta historia ceñida bajo la superficie. Es finalmente en la caída de las máscaras, cuando el Grupo, perdida toda ocasión de presión o negociación con la primera magistratura, saca a trasluz su propio y bestial rostro. Allí notamos el rastrero o magnánimo papel que pude asumir el poder ejecutivo frente a los poderes económicos. Estas revelaciones, estas peleas que hoy, cristalizadas en la nueva ley de medios, tienen lugar no hubiesen sido posibles sin la voluntad política del poder ejecutivo, sin la espléndida esgrima de los medios alternativos, sin el trabajo laborioso de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, sin la UTBA, sin un secretario de comercio interior como Moreno que desde una ferretería en San Martín y junto al Grupo Calafate esperaron el momento en que la pesadilla neoliberal finalizara.
Pues bien la pesadilla acabó. Abramos los ojos.

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